lunes, 21 de diciembre de 2009

OTRO AÑO MÁS SIN POLÍTICAS AMBIENTALES EN CÓRDOBA.

Tanto para aquellos que vienen anhelando desde hace décadas que se implementen políticas ambientales en la provincia de Córdoba, como para todos aquellos que recién descubrieron este año que hay desmontes ilegales, incendios forestales, basurales a cielo abierto, etc.; el 2009 termina igual que como empezó, es decir sin ninguna política ambiental seria, aplicada en nuestro soberano territorio.
Con respecto a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se puede mencionar que desde el año 1999, con el programa Córdoba Limpia, hasta Noviembre del 2009, con el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, la situación no ha cambiado, siendo actualmente la peor de todas según los dichos del propio Secretario de Ambiente de la Provincia. Para que tengamos una noción de la corrupción e ineficiencia con que se viene trabajando en el tema de residuos, en los años 2005 y 2006 de acuerdo a la Sindicatura General de la Nación se gastaron 7.220.000 pesos en la realización de 2 vertederos controlados (el presupuesto era para realizar 12 vertederos), uno de ellos, el de Cruz del Eje, está sin utilizar y el otro, el de Villa Dolores está por cerrar debido a que el aportante más importante que es la Municipalidad de Villa Dolores esta construyendo otro por fuera del programa provincial. Y como resultado a todo lo vertido más arriba, el Subsecretario Jorge Mosquera rediseñó el antiguo Córdoba Limpia y en lugar de que sea financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, como se hacía anteriormente, le quitará 14.000.000 de pesos anuales del Fondo del impuesto del Fuego, (que es destinado para los bomberos voluntarios), en los años 2010 y 2011 para continuar con la misma tesitura de concentrar en grandes Vertederos los RSU de todas las poblaciones de una región (por ejemplo los vertederos de Punilla y Santa María), a contramano de lo que realizan las naciones más desarrolladas, en donde cada localidad maneja sus residuos dentro de su Ejido Urbano, con el objeto de que la sociedad tome conciencia de cómo impactan los residuos en su medio ambiente. Como consecuencia de esto las personas y las autoridades se preocupan en reducir la cantidad de RSU que generan y de reciclar la mayor parte de los mismos. Si alguna vez se dijo que en Córdoba había 700 basurales a cielo abierto hoy podemos aseverar que existen muchos más, con el agravante del endeudamiento en organismos internacionales de créditos y a partidas presupuestarias ejecutadas sin ningún tipo de resultados visibles, salvo las pautas publicitarias pagadas por la Secretaria de Ambiente.
Otro tema preocupante y de gran resonancia por estos días está relacionado a nuestros bosques nativos, ya que a pesar de la vigencia de la ley N° 26.331, que entre otras medidas, suspende la autorización de desmontes hasta tanto la provincia apruebe su ordenamiento territorial, los desmontes continúan. Durante este año, el pueblo movilizado por los bosques nativos, la existencia de un par de proyectos de ordenamiento territorial en la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura y una de las peores sequias en la historia de la provincia, no impidieron que los Ing. Martínez y Cruz, del Área Forestal de la Secretaría de Ambiente, continúen autorizando desmontes encubiertos. Debido a falta de interés, tanto del Secretario Costa como de los Subsecretarios Mosquera y Sánchez, para cambiar el camino de destrucción de los escasos bosques nativos, la Secretaría de Ambiente, lejos de adherirse a lo planteado por la COTBN con su Ley de Ordenamiento, presentó a la Legislatura además del proyecto anterior, el proyecto de CARTEZ, que nuclea a unos de los principales responsables de la tasa de desmonte más alta del mundo que posee Córdoba. Una muestra de esta falta de interés es que siendo la Secretaría de Ambiente la autoridad de aplicación de la ley de bosques, no emitió opinión técnica alguna sobre qué políticas se deberían aplicar con respecto a la conservación de los bosques nativos y el ordenamiento territorial de los mismos. Este accionar obviamente responde al lobby y presiones realizadas por CARTEZ no solo a ésta Secretaría sino en otras esferas del gobierno provincial. El intento de maquillar la situación del bosque, mediante la designación de 2 Productores Conservacionistas y la realización de controles de desmonte mediatizados, que mostraron topadoras secuestradas, tiene como único objetivo cubrirse del ataque realizado desde distintos ámbitos y especialmente por un programa periodístico de investigación.
El control de los recursos naturales, eficiente y eficaz, es otra de las tantas deudas pendientes que posee esta cartera, seguramente difíciles de lograr sin voluntad política y sin los recursos humanos y de logística necesarios, recursos que si se encuentran disponibles para cualquier otra acción de esta Secretaria que no implique el interés para el cuidado del ambiente pero que reviste un gran impacto positivo para el marketing político de los titulares de turno, que usando la audacia han dirigido los destinos de un organismo que debiera proveer a todos los cordobeses de políticas y estrategias en pos de un ambiente saludable y sostenible, en otra dirección.

martes, 24 de marzo de 2009

LA SECRETARÍA DE AMBIENTE BOICOTEA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS.

Sin apoyo político e institucional de la Secretaría de Ambiente de Córdoba y con la Sociedad Rural y Ministerio de Agricultura en contra, el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos avanza únicamente por voluntad de los miembros de la Comisión.
La esperanza de que los últimos parches de Bosques Nativos de Córdoba se conserven a través del Ordenamiento Territorial impuesto por la Ley Nacional 26331 se desvanece y lejos de mejorar, encuentra a esta altura del año innumerables problemas y trabas burocráticas. Lo avanzado hasta el momento en materia de Ordenamiento Territorial se debe únicamente al esfuerzo de los miembros de la Comisión de Ordenamiento (COTBN), compuesta por profesionales y docentes universitarios, investigadores, dirigentes de movimientos campesinos, INADI, FUNAM y otras ONGs, productores rurales (Federación Agraria Argentina), técnicos de la Secretaría de Ambiente, miembros de otras áreas de la Administración Pública y asesores de legisladores, sin contar con ningún tipo de apoyo oficial como la ley estipula.
Es terriblemente desesperanzador que continúe la devastación de las masas forestales nativas en la provincia de Córdoba, y que no alcancen titulares de diarios, espacios de opinión, programas de concientización, ni cientos de horas en la radiodifusión para denunciar y revertir lo que este Gobierno y los anteriores vienen permitiendo, a través de la inacción de la Secretaría de Ambiente, llevando al borde de la extinción un recurso natural que sí es de “Todos los Cordobeses”, como les gusta decir a altos funcionaros provinciales. En esta “Córdoba Entre Todos” vamos a tener que pagar el terrible daño al ecosistema que se ha generado en los últimos 20 años y que benefició a unos pocos. Algunos ya lo están sufriendo, en especial los pobladores rurales, no aquellos que hoy están cortando rutas, sino los verdaderos pobladores rurales, aquellos que trabajan con sus manos la tierra, que viven del monte y que hace muchos años sufren la postergación de todas las políticas de gobierno que atentan contra su bienestar social, sus derechos humanos y su calidad de vida. No nos olvidemos que sobre algunos de estos ancestrales trabajadores de la tierra hoy pesan persecuciones y cárcel en suspenso, por el simple hecho de haber denunciado la usurpación de sus tierras a manos de inescrupulosos empresarios rurales, verdaderos “dueños de lo ajeno” como escribieran en una reciente nota (La Voz del Interior, 03/03/2009) los “notables” Ing. Agr. Enrique Seia y el Dr. Raúl Carranza, asesores de las Sociedades Rurales.
La situación es muy preocupante; observemos sino la actitud que ha tomado el Gobernador Schiaretti, quien nombró para conducir los destinos de la Secretaría de Ambiente una flamante cúpula de “políticos de raza”, huérfanos absolutos de todo conocimiento ambiental y socio-ambiental e indiferentes totales de la urgente necesidad de gestión de nuestros recursos ambientales (¿Es esto lógico?, ¿Qué hacen abogados, médicos y contadores ocupando los altos mandos de una institución de gobierno que debe velar por la salud ambiental de la provincia?). Estos funcionarios han negado el apoyo político, institucional y económico a la COTBN; fundamentales para que el proceso pueda llevarse a cabo. Sin embargo días pasados (25/02/2009) la máxima autoridad de la Secretaría de Ambiente, Dr. Raúl Omar Costa, expresó ante la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura Provincial que entre las prioridades de su gestión estaría el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. A modo de ejemplo y desnudando lo mentiroso de aquel anuncio, el apoyo económico que era necesario para la organización de una serie de talleres participativos como lo exige la Ley Nº 26.331 fue negado rotundamente por el representante ante la Comisión y funcionario de la Secretaría de Ambiente, Dr. Alejandro Girón; este apoyo tenía por finalidad, entre otras cosas, solventar gastos de movilidad para aquellos humildes pobladores rurales que viven en zonas desfavorables del norte Cordobés. Finalmente el apoyo necesario fue aportado en parte por la Universidad Nacional de Córdoba. Tal vez para la cúpula de Ambiente es más prioritario en materia ambiental invertir el recurso humano y económico en la siembra del dorado, bajo el llamado Programa de “Restauración del Dorado en el Sistema Hídrico del Río Tercero”. Esta situación además de triste es extremadamente preocupante, pues lo que estos señores deberían enterarse es que, mientras ellos juegan a poblar con una especie de dudosa existencia natural en el mencionado río, miles de otras especies vegetales y animales autóctonas y sus ecosistemas asociados están desapareciendo junto al bosque nativo de la provincia de Córdoba.
Todas estas acciones que viene desarrollando la Secretaria de Ambiente confirman la versión emanada del fuero íntimo de la Mesa de Enlace sobre una supuesta promesa del Gobernador de legitimar en la Legislatura Provincial el proyecto propuesto por la Sociedad Rural y no el que finalmente resulte del trabajo mancomunado y consensuado de la COTBN.
Por si queda alguna duda de que el único interés de estas personas es usar los recursos de una Secretaría de gobierno para hacer política y como plataformas de lanzamiento de futuras campañas electorales, basta hacer un recorrido por la página oficial del Ambiente y descubrir lo tendenciosamente dirigidas que están las acciones desarrolladas, como ser regalar plantas en la ciudad de Villa María, organizar talleres en la misma ciudad o emplear a numerosas personas de la misma zona en diversos puestos, sin ninguna preparación técnica para ocupar los mismos (recordemos que el actual Secretario fue candidato a intendente de Villa María). De la misma forma la anterior titular de la secretaría Dra. María Amelia Chiofalo había dirigido todas sus acciones hacia el Dpto. Río Cuarto (creó un sede de la Secretaría de Ambiente en dicha ciudad y empleó a numerosos parientes y amigos) y el Dr. Horaldo Senn había dirigido sus acciones al Dpto. San Justo, creando una sede en San Francisco. Estas dos últimas personas ocupan hoy una banca en la Legislatura Provincial. ¿Hasta cuando los cordobeses vamos a permitir que los fondos públicos sean empleados para solventar campañas de politiqueros de cuarta, que en vez de gestionar los recursos aprovechan nuestro silencio e indiferencia para enriquecerse y vivir de la política?
Está claro que esta problemática no es prioridad ni tampoco reviste importancia para este gobierno, y sus funcionarios lo evidencian todos los días con sus acciones que cotidianamente le quitan legitimidad y apoyo a los miembros de una Comisión que intenta a través del consenso trabajar desde los hechos y las acciones por la protección de los recursos naturales en pos de perpetuar en el tiempo el patrimonio ambiental para las generaciones venideras y eso involucra a todos, incluso a los hijos y nietos de los responsables directos y cómplices de esta devastación ambiental.


Grupo Ambientalista Independiente Argentino (GAIA)

miércoles, 4 de febrero de 2009

No seamos cómplices de la desaparición de los bosques de Córdoba

LA EXCLUSIÓN SOCIAL CAMPESINA Y LA DESAPARICIÓN DEL BOSQUE NATIVO NO SON PRIORIDADES PARA LOS FUNCIONARIOS DE AMBIENTE

Para el 2010 los funcionarios de la Secretaria de Ambiente de Córdoba dictarán la sentencia de muerte de los bosques nativos.
En Noviembre de 2007 se aprobó la Ley Nacional 26331 "Ley de Presupuestos Mínimos Para la Protección y Conservación de los Bosques Nativos". La sanción de esta Ley se dio en el marco de una drástica y veloz pérdida de las masas forestales nativas, motivada principalmente por el "boom sojero" y la ambición desmedida de sus cultores. Este proceso afectó y afecta principalmente a las provincias en donde este cultivo puede desarrollarse, siendo Córdoba la Provincia en ostentar el triste premio de la mayor tasa de deforestación del país, y una de las más altas del mundo, según puede comprobarse en los datos publicados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En el texto de la citada ley quedan claros sus objetivos, que principalmente apuntan a promover la conservación mediante el Ordenamiento de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria, implementar medidas para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes y fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración, mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos. Esta Ley estipula una moratoria en las autorizaciones de desmonte hasta tanto cada provincia realice un ordenamiento territorial de sus bosques nativos, el cual debe ser aprobado por las legislaturas provinciales.
La provincia de Córdoba, a través del Organismo encargado de la gestión ambiental, no ha generado desde la publicación de la Ley Forestal provincial N° 8066 del año 1991 ningún trabajo de regionalización de los bosques nativos como esta lo exigía, ni ningún otro trabajo o gestión orientado hacia la conservación y uso sostenible de las masas forestales nativas. Desde la creación de la Agencia Córdoba Ambiente (actual Secretaría de Ambiente) nunca hubo una política ambiental tendiente a promover un uso sostenible del recurso natural perdurable en el tiempo, ni tampoco la generación de acciones que busquen mitigar los efectos adversos que el avance desmedido de la frontera agrícola provoca sobre los bosques nativos y sus habitantes (pueblos originarios). A la histórica destrucción del bosque nativo, principalmente chaqueño, provocado por la de expansión de los ferrocarriles argentinos y la actual problemática de expansión de la agricultura, incentivada por su cuantiosa renta, hay que agregarle varios años de muy malas gestiones por parte de funcionarios y técnicos de la Secretaria de Ambiente. En los últimos años la gestión del recurso bosque nativo estuvo a cargo del Ing. Néstor Cruz, actual Subsecretario de Ambiente. Durante su gestión se promovieron una serie de medidas cuyas acciones solo pretendían maquillar y ocultar la situación apremiante del recurso forestal nativo y de esta manera hacer política partidaria aprovechándose de un recurso que es de todos, beneficiando a grandes productores y al poder político de turno. Entre estas medidas se implementó, con dudoso éxito para la conservación del bosque, la regularización forestal de los grandes desmontes ilegales, que implicó el perdón de las multas por desmontes a los infractores y la no restauración de las superficies abatidas.
En contraste, nunca se les dio una solución a los aprovechamientos forestales de los pequeños productores rurales, los cuales son los únicos que realizan un uso sostenible del bosque. Por el contrario, éstos deben someterse a una serie de trámites muy burocráticos y poco prácticos para el alcance y la necesidad de personas que poseen escasos recursos económicos.
Podemos concluir que la Coordinación de Bosque Nativo, a cargo del Ing. Martínez, ha sabido resolver con eficacia una gestión de autorización de desmontes y no la gestión integral y sostenible del recurso bosque nativo.
Un dato particular y que se relaciona con lo establecido por la Ley N° 26.331 es la creación de una Unidad Ejecutora dependiente de la Secretaría de Ambiente, que debería llevar adelante las tareas de Ordenamiento. Hasta el momento dicha unidad no presentó ningún resultado acorde con las exigencias y la premura de cumplir con lo estipulado por la citada Ley.
Además de la pésima gestión llevada adelante por el Subsecretario de Ambiente Ing. Cruz debemos mencionar el hecho de que este funcionario del actual gobierno tiene una denuncia en la Fiscalía de los Tribunales de Cruz del Eje por presunta coima, iniciada por un productor rural. De mas está aclarar que tal situación es un hecho muy grave que atenta contra el prestigio de una institución del Estado, y representa una contradicción a las expresiones emanadas de la máxima autoridad del gobierno provincial el Cdr. Juan Schiaretti, quien días pasados declarara ante los medios radiales locales que "entre los funcionarios de su gestión no había ninguno sospechado de algún ilícito".
Otra acción que caracteriza la gestión actual de los bosques nativos y que representa las prioridades de los funcionarios a cargo es la importancia que se da a la opinión de ciertas personas tales como los señores Walter Oroda (infractor forestal), Ing. Enrique Seia (consultor ambiental y principal asesor de los grandes desmontadores), Abg. Carranza (asesor legal de la sociedad rural) todos ellos miembros de la Junta Coordinadora del Foro de la Ley de desmonte, los cuales son tomados como elementos de consulta permanente para su gestión, ignorando la opinión y necesidad de participación de otros órganos de la sociedad como la U.N.C., los Movimientos Campesinos, las ONGs ambientalistas, etc.
Esto está acorde con las continuas reuniones que este y otros funcionarios han mantenido con los Secretarios de Agricultura Ing. Fontán y de Ganadería Dr. Carignano, a los fines de coordinar las acciones necesarias para flexibilizar el futuro ordenamiento forestal y permitir el desmonte en cualquiera de sus formas sobre el escaso remanente boscoso. En este camino y seguramente a pedido de estos sectores agropecuarios, continuamente se busca la postergación de las reuniones que realiza la Comisión de Bosques Nativos, órgano creado a los fines de agrupar a las distintas organizaciones privadas y públicas para realizar el ordenamiento forestal, entorpeciendo el trabajo de la misma.
Es triste concluir que de continuar con la situación planteada, la sociedad cordobesa estará permitiendo que el ordenamiento forestal sea el propuesto por los sectores agropecuarios, principales culpables de la desaparición de los bosques y que se prolongue la actual política injusta para con los verdaderos pobladores rurales (que necesitan el bosque para su subsistencia) y garantizando a corto plazo la extinción del Bosque Nativo del territorio cordobés.



Por todo lo expresado es que les solicitamos a todas aquellas personas de bien, se comprometan con cuidado del bosque nativo, ayudando desde el lugar que ocupan en la sociedad, informándose sobre esta situación para corroborar lo denunciado y divulgar este mensaje, exigiendo la transparencia de un proceso de ordenamiento forestal que logre la conservación de los bosques nativos a perpetuidad mediante un uso sostenible.



Grupo Ambientalista Independiente Argentino (GAIA)